El anuncio de un acuerdo sideral entre el Bank of America y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América pone de relieve la importancia de las instituciones responsables de vigilar la transparencia y equidad del mercado. La magnitud de la cifra en juego –algo más de 16 mil millones de dólares, el equivalente al 2,6% del PBI de la Argentina– quizá no sea tan llamativa como el hecho de la sanción en sí misma, ya que otras compañías afines ya han llegado a acuerdos millonarios (Citigroup y Chase) y otras están en vías de hacerlo.
Sin embargo, los Estados Unidos tienen una larga historia en materia de regulación de los mercados y de formulación de políticas para proteger los derechos de los consumidores. Esto se originó en una preocupación extendida a fines del siglo XIX ante la formación de inmensas fortunas con una considerable cuota de poder, a los que se denominaba “trusts”. De allí la sanción de las primeras leyes antimonopolio (o “antitrust”) como la Ley Sherman de 1890 y la Ley Clayton de 1914.
Esta legislación fue clave cuando distintos gobiernos tuvieron que hacer frente a empresas con posiciones monopólicas. Los ejemplos abundan: sólo pensar en la división en 1911 de la petrolera Standard Oil –propiedad de John Rockefeller– en pequeñas nuevas compañías, o el caso de AT&T –la telefónica más grande del país–que en 1982 fue desguazada en varias unidades regionales. Más recientemente, en 2000, Microsoft enfrentó un largo proceso administrativo y judicial por incurrir en prácticas irregulares que afectaban la libertad de los usuarios para adquirir software que no fuera producido por Microsoft.
Estos antecedentes, lamentablemente, no sirvieron para prevenir la catastrófica crisis de las hipotecas “tóxicas”, que arrasó el mercado financiero de los Estados Unidos y perjudicó a millones de consumidores e inversores, que no tuvieron acceso a información veraz respecto de los riesgos en que incurrían. Sin embargo, son relevantes en el contexto argentino, ya que nuestro Parlamento se apresta a debatir un nuevo paquete de legislación destinado a proteger a los consumidores. La iniciativa apunta a impedir prácticas empresariales abusivas o arbitrarias y proporcionar mecanismos ágiles de reparación. Si bien los derechos de los consumidores tienen rango constitucional, hasta la fecha el nivel de protección por parte del Estado había sido escaso. Estamos a las puertas de un cambio que ampliará derechos y promoverá mayor equidad en las reglas del mercado.

Artículo publicado en la edición impresa de Tiempo Argentino el 22 de agostro de 2014, en el contexto de esta nota http://tiempo.infonews.com/nota/130602/multa-de-u-s-16-650-millones-a-un-banco-que-vendio-hipotecas-basura