Dos recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijaron estándares rigurosos que delimitan los márgenes del debate parlamentario sobre acceso a información pública.

A partir de los fallos “ADC” y “CIPPEC”, el Congreso de la Nación no podrá desconocer los lineamientos señalados por la Corte para el diseño de una ley de acceso a información pública.

En este trabajo, Álvaro Herrero (con la colaboración de Julián Rotenberg), analiza la trascendencia de estos nuevos fallos a favor de la transparencia y el acceso a la información pública.

Los estándares fijados por la Corte son:

• Legitimación activa amplia (cualquier pueda pedir información sin necesidad de justificar su interés).
• Dentro de los sujetos obligados (legitimación pasiva) debe incluirse a todos los organismos del poder público en todos sus niveles y aquellas entidades que ejercen funciones públicas o reciben fondos públicos.
• Principios de informalidad y gratuidad.
• Principio de máxima divulgación.
• Transparencia proactiva.
• Sistema de excepciones acotado.
• Protección judicial efectiva al derecho a solicitar información con un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo.