Aldo Roggio es uno de los empresarios más importantes del país. Dueño de una de las constructoras con más peso en el reparto de la obra pública durante décadas, abrió un nuevo capítulo en la zaga de los cuadernos de las coimas al confirmar en la Justicia que devolvía como retorno el 5 por ciento de los subsidios que recibía Metrovías, la administradora del subte porteño y del Ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2011.
Su declaración como imputado colaborador fue el 15 de agosto. Un día antes, el gobierno porteño confirmó que Metrovías integra uno de los tres consorcios empresarios que busca operar la concesión del subte a partir de 2019.
¿Puede una empresa que admitió el pago de sobornos al administrar un servicio público ganar una nueva concesión para realizar la misma operatoria?
Técnicamente, sí.
El pliego licitatorio que publicó Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) impide ser oferente a “las personas jurídicas cuyos directores o socios registren condena firme por la comisión de algún delito previsto en el Código Penal Argentino”. La condena firme implica un fallo de última instancia.
Otros procesos de contratación son algo más laxos; mencionan la necesidad de un procesamiento por algún delito vinculado a la administración pública como impedimento para participar de la licitación.
Roggio está imputado, paso previo a cualquier procesamiento, a pesar de haber confesado el delito. “Habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo en cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal (70% del total) en los costos de operación del servicio”, Metrovías pagó coimas al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime a partir de 2003, declaró Roggio, según reconstruyó el diario La Nación. Agregó que el esquema de pagos prosiguió hasta 2011. Para ese entonces, Jaime ya había sido relevado de su cargo y el subte pasó a la órbita porteña.
“Este debería ser un punto final a esa cultura hostil y adversa en las que empresas como la que conduzco, en la que trabajamos 15.000 familias, hemos tenido que desarrollar nuestras actividades”, manifestó Roggio, según reconstruyó el matutino.
El empresario aclaró que pagaba ese 5 por ciento de retorno de los dividendos, de manera tal de no afectar el servicio.
Al día siguiente de su declaración, el 16 de agosto, renunció a la presidencia de Benito Roggio e Hijos y Clisa, las dos empresas que comandaba. Según interpretaron fuentes oficiales y cerca de la empresa, su dimisión intenta deslindar su actuación de la situación de las compañías y de los contratos que mantienen con el Estado.
Vacío legal
Rafael Gentili, exlegislador porteño y coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas que lleva adelante el proyecto Subte.data, afirmó que existe un vacío legal en situaciones estas.
“Acá hay una laguna -dijo-. Roggio reconoció que lo obligaron a pagar coimas. La figura (legal) es que se pagan coimas para hacer un negocio y hay descalificación cuando se paga para obtenerlo. En esta situación, hay un déficit, se otorga un subsidio en vez de un reconocimiento tarifario y le exigen coima”, analizó. “Nadie discute que se saque la concesión actual, ya que faltan tres meses. Pero al Gobierno (porteño) se le abren alternativas. Si las otras propuestas son más potables, se las elige y fin de la discusión”, agregó.
Los contrincantes
Metrovías/Roggio presentó una oferta para administrar el subte a partir de 2019 que cuenta con la asesoría técnica de Deutsche Bahn (DB), la compañía alemana que administra el transporte ferroviario en ese país.
Compite con otras dos ofertas. Una de la francesa RATP, siglas de Agencia Autónoma de Transportes Parisinos, y otra del consorcio Helport SA/Keolis SA.
RATP, empresa estatal, gestiona 14 líneas de subte de París y tiene contratos en Brasil y otros países.
Helport es la compañía de Eduardo Eurnekian. Su sobrino, Hugo Eurnekian, figura en los cuadernos del chofer Centeno y admitió haber entregado bolsos de dinero a Roberto Baratta. Dijo que lo hizo a título personal, como aporte para la campaña electoral. El domicilio de Helport está también mencionado en las anotaciones del exchofer de Baratta. Su socia, la también francesa Keolis administra el subte de Lyon.
Fuentes del gobierno porteño dijeron a TN.com.ar que la licitación todavía se encuentra en proceso de análisis técnico y que es prematuro aventurar qué ocurrirá con Metrovías. No la descartaron de la competencia. “El análisis técnico acaba de empezar”, indicaron, escuetos.
Según el cronograma oficial, el tribunal que analiza los detalles técnicos de los tres contendientes pasará a estudiar las ofertas económicas en octubre. La intención del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es firmar el nuevo contrato de concesión hacia noviembre para que entre en vigencia desde enero. La licitación será por doce años y podrá prorrogarse por otros tres.
Metrovías opera el subte porteño desde 1994. El gobierno porteño extendió su contrato hasta que termine el nuevo proceso licitatorio.