No debería tratarse a la muerte del fiscal Alberto Nisman como cualquier otro crimen sino que debería garantizarse la independencia en la labor de la fiscal y el juez del caso, proporcionar información veraz y oportuna en todo momento, e implementar los mecanismos de participación y transparencia necesarios para disipar cualquier tipo de dudas respecto a la forma en que se lleva a cabo la investigación.
El Ministerio de Justicia, la Procuración General de la Nación, y la Corte Suprema de Justicia deben brindar todos los apoyos posibles y coordinar esfuerzos y estrategias para asegurar que la investigación de la muerte de Nisman sea celera y efectiva. Dada la conmoción que se ha generado y la gravedad institucional del caso, dichos organismos deberían entablar un proceso de diálogo con las principales fuerzas partidarias a efectos de compartir información y especialmente consensuar los próximos pasos, por ejemplo, respecto al futuro de la fiscalía especial para el atentado de la AMIA. Tras veinte años de impunidad, es tiempo que la búsqueda de la verdad se constituya en política de Estado, y que no sea solamente producto de las decisiones del poder judicial, la Procuración General, o del gobierno.
Hasta la fecha, los resultados de la investigación han sido escasos. En 2005, un grupo de familiares de víctimas de la AMIA llegó a un acuerdo con el estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las demoras y el encubrimiento de la causa, y el Gobierno se comprometió, entre otras cosas, a transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y a facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo. Sin embargo, ninguno de esos compromisos fueron adecuadamente cumplidos.
Es por ello que se debería tomar como referencia la experiencia colombiana donde en 2011, por orden del presidente Santos, se disolvió la central de inteligencia para crear una nueva agencia con funciones más acotadas. Argentina necesita un acuerdo político que reforme sus organismos. El riesgo de no hacerlo es el desplazamiento de la inteligencia desde la SI hacia las fuerzas armadas, tal como pareciera reflejar el veloz ascenso de Milani.
Pese a la gravedad de los hechos atribuidos a la Secretaría de Inteligencia (como cómplices o perpetradores de violaciones a los derechos humanos, su controvertido rol en los alzamientos militares de la década de 1980 y en la toma de la Tablada, pasando por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, y el pago de sobresueldos a funcionarios públicos, periodistas y funcionarios judiciales mediante el uso de fondos reservados), su funcionamiento hoy sigue siendo prácticamente igual que en los primeros años de la transición democrática argentina: procederes opacos, falta de control político, y nula rendición de cuentas.
Hay un continuo accionar en el funcionamiento de la SI, en la permanencia de algunos de sus principales operadores, en su opacidad, que pese a los avances democráticos ha permanecido incólume. Por ejemplo, son notorios sus vínculos con algunos sectores de la justicia federal. Jueces que dependen o colaboran con la SI de manera constante en un entramado que es difícil de desentrañar incluso para expertos. Al mismo tiempo, una de las principales tareas de la SI hoy día pareciera ser el espionaje político interno y la elaboración de las famosas carpetas que tanto atemorizan a políticos, funcionarios y miembros de todos los estamentos del Estado.
En este contexto se enmarca la muerte de Nisman, con una sociedad que descree de la palabra del Estado. Por eso, el principal desafío del gobierno y del poder judicial es garantizar la independencia en la labor de la fiscal y el juez del caso, proporcionar información veraz y oportuna en todo momento, e implementar los mecanismos de participación y transparencia necesarios para disipar cualquier tipo de dudas respecto a la forma en que se lleva a cabo la investigación.