Pocos días atrás se dio a conocer el Decreto (1723/2012) a través del cual el Gobierno Nacional (GN) desafecta una serie de inmuebles propios en la Ciudad de Buenos Aires. Tales inmuebles son destinados a “proyectos integrales de urbanización y/o inmobiliarios”. Asimismo, el aludido decreto crea un Comité de Evaluación de Proyectos para los inmuebles desafectados en los barrios de Palermo, Liniers y Caballito.

El objetivo de estas breves notas es interrogar tal decreto así como la política urbana implícita que el mismo supone. La perspectiva desde la cual se lo aborda tiende a evaluar las intervenciones urbanas a partir de dos ejes: por un lado, indaga si las mismas colaboran con profundizar y ampliar la ciudadanía democrática; por otro, interroga si éstas colaboran con la reducción de desigualdades socio-espaciales dentro de la ciudad (Vainer, 2012). En concreto, frente a la disponibilidad de tierras entendemos que esos ejes se traducen en promover políticas de vivienda y equipamiento social que atiendan a los segmentos a los que el mercado no contempla, así como incorporar la definición participativa del destino social de tales tierras. A su vez, entendemos que tales iniciativas deben fomentar la mezcla social evitando su concentración exclusiva en áreas periféricas de la ciudad, a los fines de no promover la consolidación de procesos de segregación social y espacial.