El futuro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos excede las suspicacias por la designación de Eugenio Zaffaroni como su nuevo integrante. La CIDH viene siendo desprestigiada y debilitada, sobre todo por Ecuador y Venezuela, foco de las denuncias de la Comisión por violaciones a la libertad de expresión. Lo que está en juego es el adecuado funcionamiento de una institución que ha sido central en la defensa de los derechos humanos en la región.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos procedió a elegir a los nuevos integrantes de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este hecho resulta trascedente por dos razones. Primero, dichos organismos son los dos pilares centrales del sistema interamericano de derechos humanos. Segundo, entre los aspirantes a la Corte Interamericana se encontraba un reconocido jurista y ex juez argentino, nada menos que Eugenio Zaffaroni, quien a fines del año pasado renunció a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro país.
Si bien en Argentina hubo mucha polémica por la candidatura de Zaffaroni, tanto por su cercanía al gobierno como por sus posiciones doctrinarias, no hubo discusión sobre las implicancias de esta nueva elección de comisionados y jueces en el amplio tablero de juego de la política latinoamericana. La opinión pública argentina no especializada ha estado al margen de los procesos de reforma que viene atravesando el sistema interamericano, procesos que apuntan al debilitamiento del mismo, a la minimización de sus atribuciones y a su capacidad en la práctica de proteger los derechos humanos de millones de latinoamericanos.
Desde hace varios años, Ecuador y Venezuela emprendieron un abierto esfuerzo diplomático para atacar la Comisión Interamericana (CIDH), desprestigiarla y debilitarla. ¿Las razones? Principalmente, los reiterados informes de su Relatoría Especial de Libertad de Expresión que marcaban los graves retrocesos en materia de libertad de prensa en dichos países. Esto ocurría en un contexto donde además algunos países, como Brasil, cuestionaban la atribución de la CIDH de dictar medidas cautelares en las denuncias de violaciones a los derechos humanos que llegaban a dicho organismo.
Ciertamente el sistema interamericano tiene mucho por mejorar. Sin embargo, la solución no pasa por debilitarlo. Los problemas derivados de las fuentes de financiamiento del sistema y su distribución interna es un desafío: Ecuador y otros países se quejan de que gran parte de los fondos viene de Estados Unidos y de otros países que no integran el sistema, fijando agenda vía sus aportes financieros. Otros, cuestionan algunos informes sobre libertad de expresión que se basan excesivamente en material de ONGs que también reciben fondos en exceso de Estados Unidos.
Esto, sin embargo, no implica que haya que debilitar la Comisión, quitarle atribuciones, o minimizar su rol. Por el contrario, las reformas deben apuntar tanto a fortalecer dicho organismo como a diversificar las fuentes de financiamiento. Los países de la región deberían demostrar su compromiso con los derechos humanos apoyando con recursos el trabajo de los órganos del sistema interamericano. Nuestro próximo gobierno podría dar el ejemplo fijando un presupuesto mínimo obligatorio como aporte anual al sistema interamericano y asegurando que algunas relatorías clave de la CIDH cuenten con recursos para poder funcionar.
En la sesión de esta semana quedaron algunos interrogantes que generaron alertas. Primero, ni la Comisión ni la Corte tuvieron oportunidad de presentar sus informes anuales, tal como se estila desde hace años. Segundo, en el discurso del nuevo Secretario General de la OEA, el uruguayo Nicolás Almagro, no hubo una sola referencia al sistema interamericano, que históricamente ha sido considerado como la joya más preciada de este organismo internacional. Esta falta de interés puede tener varias explicaciones. La más obvia es que Almagro no quiso alienar a países como Ecuador, Guatemala y otros que vienen criticando a la Comisión Interamericana. Así, se aseguró votos para su elección como Secretario General. Otra lectura alternativa es que Almagro profundizará o continuará la línea de su predecesor, el chileno José María Insulza, quien no tuvo reparos en apoyar los ataques a la Comisión por parte de algunos países.
Una visión más benévola sería que Almagro está esperando el momento adecuado para mostrar sus cartas, y ahora que fue electo y que se designaron los nuevos magistrados y comisionados, no hará nada que contraríe la política de respeto por los derechos humanos que ha demostrado Uruguay en ámbitos latinoamericanos. Sin embargo, puede ocurrir como en Argentina, donde el gobierno viene desplegando políticas progresistas en materia de derechos humanos (aunque con muchos espacios vacíos, como en materia de tortura, pueblos originarios, Defensoría del Pueblo de la Nación vacante hace cinco años, falta de implementación del aborto no punible, etc.) pero no ha mostrado una actitud pública de poner límites a los ataques por parte de Ecuador y Venezuela al sistema interamericano.
En este contexto, la elección para la Corte Interamericana de dos magistrados provenientes de países que en los últimos años no han apoyado la labor del sistema interamericano genera incertidumbres. Por su parte, Pazmiño ha sido muy criticado por su rol como juez de la Corte Constitucional de Ecuador por su respaldo a las iniciativas del gobierno de Correa para amordazar a la prensa o limitar la independencia de la justicia. Como es público y notorio, Zaffaroni es un jurista de prestigio internacional, sin embargo sus posiciones en temas relacionados con el funcionamiento de la justicia han sido como mínimo ambiguas. Sin embargo, dichas posiciones podrían ser consideradas “institucionalistas” si las comparamos con la de su par ecuatoriano. La preocupación por ende subyace en si como jueces del máximo tribunal latinoamericano apoyarán los intentos por restringir las funciones y atribuciones de la CIDH y de la propia Corte.
Más allá de la elección de Zaffaroni, debemos mirar la foto grande y no perder de vista que lo que realmente está en juego es el adecuado funcionamiento del sistema interamericano, cuyos órganos han sido centrales en la defensa de los derechos humanos en la región. No olvidemos que fue la CIDH la que visitó nuestro país en 1979 para documentar y denunciar las violaciones masivas a los derechos humanos y así poner en jaque a la dictadura militar. La CIDH y la Corte Interamericana tuvieron un papel central en la protección de la libertad de prensa, tal como se refleja en el caso “Kimel” (del periodista argentino Eduardo Kimel). También fueron responsables de consagrar los nuevos estándares jurídicos que permitieron avanzar con los juicios por crímenes de lesa humanidad en toda América Latina gracias a sus decisiones en casos como “Barrios Altos c. Perú” (2001).
Nuestro país, nuestra sociedad, al igual que todos los países de la región tiene un compromiso con el sistema interamericano, con ese sistema que los protegió y defendió en los momentos más oscuros. Tenemos que impedir que ese compromiso se convierta en una deuda. El sistema interamericano necesita que lo defendamos, solo así podrá consolidarse y fortalecerse. No apoyemos esfuerzos que bajo argumentos falaces promueven su desmantelamiento.
Publicado el día 18/05/2015 en www.bastiondigital.com
