El proceso de enjuiciamiento al fiscal José María Campagnoli se ha convertido en un verdadero suceso político. Las audiencias que se llevarán a cabo este mes seguramente tendrán gran repercusión en los medios ya que el caso tiene algunas particularidades que lo convierten en un hecho de gran trascendencia institucional. En tal sentido, el Tribunal de Enjuiciamiento prevé contar con los testimonios de abogados, legisladores, funcionarios judiciales, miembros del Consejo de la Magistratura, representantes de asociaciones de magistrados, constitucionalistas y periodistas como Jorge Lanata, Daniel Santoro y Nicolás Wiñazki.

La atención mediática está asegurada.

Se percibe un claro alineamiento partidario entre defensores y detractores del fiscal. Tanto en las intervenciones mediáticas como en el juicio político, aparecen de un lado representantes de la oposición apoyando a Campagnoli, y del otro funcionarios judiciales afines al Gobierno respaldando el proceso en su contra.  No hay claroscuros ni posiciones ambiguas, sino una marcada polarización.

Además, este caso ha tomado trascendencia porque refleja una paradoja. Acusado principalmente de generar un expediente paralelo sobre cuestiones que no eran de su competencia para así poder investigar el caso Elaskar-Fariña-Baez, Campagnoli está siendo enjuiciado por su accionar desmedido -según sus acusadores, en contra de la normativa vigente- en un caso de corrupción que por su magnitud y alevosía escandalizó y conmovió a la opinión pública.

Si hubiera muchos otros fiscales y jueces investigando de manera diligente y oportuna las denuncias de este tipo, este caso habría pasado desapercibido y Campagnoli quizá habría recogido muchas menos adhesiones.

En los últimos 25 años, poco se ha hecho desde el Estado para investigar y castigar los delitos del poder. Los procesos judiciales no avanzan y rara vez llegan a juicio oral. Los condenados en este rubro se cuentan con los dedos de una mano. De esa forma, la exasperante pasividad del fuero federal ha logrado generar en la sociedad graves niveles de desconfianza frente al accionar de la Justicia. Cuando se trata de poderosos, el castigo nunca llega, y quienes no investigan no reciben sanción alguna.

La sociedad estará expectante y el árbol no debería tapar el bosque. El caso Campagnoli ha puesto en evidencia una vez más las profundas falencias de los tres poderes del Estado en la lucha contra la corrupción. Para revertir la situación, se necesitan consensos políticos y una estrategia de largo alcance que incluya a los poderes Ejecutivo y Judicial, al Ministerio Público y los organismos de control. Sin una visión estratégica y un accionar coordinado, los intereses de corto plazo nos impedirán saldar esta gravosa deuda con la sociedad argentina.

Nota del Editor: Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa del 4.6.2014 del diario Clarín.