La rápida reacción a la denuncia de sobornos le permitió al PT mantenerse en el poder y a Rousseff, proyectarse como dirigente.
Agosto se abrió en Brasilia con la inauguración de las audiencias orales ante el Tribunal Supremo de Justicia del proceso que se sigue contra una cuarentena de acusados por el supuesto pago de sobornos del gobierno del presidente Lula Da Silva a algunos diputados para que apoyaran su agenda legislativa en 2003 y 2004. El máximo tribunal determinará si las acusaciones del Procurador General de la República, Roberto Gurgel, son ciertas o no y de ello se deducirán seguramente condenas y absoluciones.
Lo que interesará en las líneas que siguen es el contexto sistémico en que se dan estos hechos y las implicancias políticas de los mismos para el desempeño en el gobierno brasileño de la coalición de partidos liderada por el Partido de los Trabajadores (PT). Lo primero que hay que recordar es que tanto Lula como su sucesora, Dilma Rousseff, se encontraron desde el primer día de su mandato con un Congreso en el que su partido no contaba con mayoría parlamentaria propia.
Al buscar cada uno de estos tres mandatos, el PT se presentó a las elecciones con una coalición de partidos que abarca desde la centroderecha (Partido Progresista) hasta la izquierda más tradicional (Partido Comunista del Brasil) y sólo en el segundo y tercer mandatos logró ese partido ser eje y fuerza principal de esa coalición. Eso implicó limitaciones para el ejercicio del gobierno muy concretas: la mesa de los que tomaban decisiones no sólo estaba compuesta por mucha gente, de ideas a veces hasta opuestas, sino que la composición de cada partido (con la excepción de los bien disciplinados PT y PCdoB) variaba con el correr de las semanas y los líderes con los que había que componer eran distintos cada vez.
Desde la recuperación de la democracia, en 1985, el sistema de partidos brasileño no deja de batir sus propios records en materia de transfuguismo. Con las excepciones mencionadas, el cambio de bancada de los diputados de los demás partidos es una opción siempre abierta, así como lo es la creación de nuevos partidos en medio de la sesión legislativa. No es siquiera raro que más de un diputado pase por más de dos partidos durante un único mandato. El más reciente y resonante de los casos que ilustra esta tendencia es la creación en marzo de 2011 de un nuevo partido, el Social Democrático (PSD), al que se adhirieron nada menos que 48 diputados, provenientes sobre todo del antipetismo, para crear una fuerza con pretensiones de “bisagra” o más bien con predisposición a aliarse pragmáticamente con Dilma o con sus opositores, según sea la conveniencia del momento.
Remontándonos al inicio de las gestiones petistas, es lógico esperar que un contexto de este tipo habría de demandar del gobierno recién asumido un esfuerzo enorme para lograr mayorías estables para implementar su programa. Los interlocutores de esa miríada de partidos, tan indisciplinados como ávidos de recursos estatales, fueron dos pesos pesadísimos del PT: el fundador del partido y mano derecha de Lula, Zé Dirceu y el propio presidente petista, José Genoíno, el legislador más votado del país en sucesivas elecciones.
En un período de pocos meses entre 2003 y 2004, Lula necesitó de una serie de leyes fundamentales para poner en marcha su programa de largo plazo. Las reformas tributaria y previsional y la Ley de Quiebras fueron aprobadas por un collage mayoritario en el Congreso que fue tanto la demostración de que el nuevo presidente iba a ser capaz de gobernar efectivamente, como de que iba a tener que dejar una libra de carne en cada votación clave.
Los anticuerpos contra el cambio político estaban funcionando a pleno en todo el sistema político de Brasil, empezando por las dos ramas del gobierno no controladas por el PT (los poderes Legislativo y Judicial) y por los oligopolios de las comunicaciones. Cuando un “arrepentido” de las filas centroderechistas de la coalición gubernamental se autodenunció como “sobornado” por el Poder Ejecutivo presidido por Lula, se dio la voz de largada de la ofensiva que pudo haber terminado con la lisa y llana caída de ese gobierno. Rápidamente se instaló la idea de que un esquema sofisticado y permanente de pagos mensuales a cambio de lealtad en el parlamento (el mensalão) había sido puesto en marcha por Dirceu, Genoíno y otros referentes gubernamentales clave. La prensa opositora (la más vista, escuchada y leída) excomulgó rápidamente a ambas estrellas del firmamento petista y enseguida hubo una intervención decidida del Ministerio Público y de la Justicia para abocarse a una causa que llevaría ocho años instruyéndose.
Lula se vio forzado a deshacerse rápidamente de su mano derecha y del líder de su partido, así como de otros dos ministros (entre ellos Luiz Gushiken, fundador de la Central Unitaria de Trabajadores), el Tesorero del PT y otros cuadros clave. El descabezamiento fue total y el juicio político del presidente fue evitado por muy poco. La que hoy se percibe a la distancia como la etapa de mayor normalidad y continuidad en la democracia brasileña contemporánea tuvo su punto de partida (el inicio del juicio por el mensalão nos lo recuerda) en un episodio traumático que pudo haber signado el fin de lo que, de ese modo, habría sido un breve interregno lulista.
La rapidez con que Lula dispuso la salida de sus pretores, la unidad con la que el PT enfrentó el desgarramiento y el dinamismo que pronto adquiriría la economía popular con los programas de transferencia directa de ingresos fueron los pilares fundamentales para salir de esa crisis. Todo ello se hizo sin ahorrarles a los leales caídos en desgracia ni el peregrinaje judicial ni el destierro político (Dirceu no puede ser candidato en elecciones hasta el 2015, después de ser destituido como diputado en 2004).
La crisis significó también el trampolín para Dilma Rousseff, que reemplazó a Dirceu como ministro-jefe de la Casa Civil de la Presidencia en 2004, lugar desde el que adquirió la dimensión de estadista que tan importante fue para hacerla una candidata convincente para la sucesión de Lula.
Publicado en El Estadista, nº63, Agosto de 2012.
