La discusión sobre la inseguridad ha tomado una preponderancia inusitada en el debate público. La controversia respecto al anteproyecto de reforma al código penal, sumada a la seguidilla de linchamientos, produjo las más variadas reacciones y múltiples intentos de explicaciones acerca de la situación y los desafíos de la política pública de seguridad en los distintos niveles de gobierno. Además, la atención mediática en un contexto de definiciones políticas con miras a las elecciones de 2015, generó presión en los distritos más afectados por el delito, interpelando a sus responsables a exhibir logros y reacciones celeras para mostrarse a tono con los reclamos sociales y comunicacionales. En esa línea se inscribe la declaración de emergencia de la seguridad en la provincia de Buenos Aires por parte del gobernador Daniel Scioli, acompañada por una batería de medidas que no acarrean cambios de fondos ni innovación alguna en el patrón predominante en sus políticas de seguridad desplegadas desde su asunción en 2007.

La situación de la provincia de Buenos Aires refleja un diagnóstico repetido. La incapacidad de los gobiernos ‐nacional y provinciales‐ para desplegar políticas de seguridad eficaces, con una mirada de largo plazo, y asentadas sobre un análisis minucioso de la conflictividad subyacente, sólo han logrado agudizar los problemas y generar una sensación de ausencia del estado y de escasa pericia en el manejo de la situación. A largo plazo, esto último tiene un preocupante efecto en términos de una potencial deslegitimización del aparato estatal y de la política como instrumento para resolver los principales problemas de la sociedad. En el corto plazo, genera presión en una clase dirigente carente de respuestas efectivas para brindar soluciones “aquí y ahora”. Dada la complejidad del abordaje de la conflictividad, el abanico de respuestas inmediatas es limitado y generalmente consiste en las medidas conocidas como de mano dura: más presupuesto para las policías, reformas procesales que restrinjan excarcelaciones, construcción de cárceles, creación de fiscalías y otras medidas para el fortalecimiento de la capacidad del estado para perseguir delitos, etc. Sin embargo, la experiencia de los últimos catorce años en dicha provincia indica que ese tipo de medidas tiene resultados magros y no provee soluciones de fondo.

Algo similar ha ocurrido en otros distritos donde no se abordó adecuadamente el problema de la inseguridad o donde no se implementaron políticas integrales que aborden de manera apropiada la conflictividad. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, desatendió la problemática del narcotráfico y en pocos años se ha convertido en un flagelo de proporciones inusitadas, con una penetración preocupante en las fuerzas de seguridad. En otras provincias, además del narcotráfico, se registró un crecimiento de otras formas de crimen organizado, como la trata de personas. En estos casos, las respuestas inmediatas disponibles son menos y mucho más inefectivas.

La situación en las provincias refleja en gran medida las carencias que se verifican en la órbita nacional. Si bien en los últimos años se ha intentado dar una señal política respecto al compromiso con la problemática de la inseguridad (por ejemplo mediante la creación de un ministerio específico en 2010), en términos prácticos las políticas del gobierno nacional han tenido resultados limitados. Por sobre todas las cosas, no hubo un rol de coordinación con los distritos provinciales, tanto en términos de armonización e integración de las estrategias frente a la inseguridad como en el abordaje de problemáticas que requieren el accionar cohesionado. Por ejemplo, un informe reciente de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad refleja las asimetrías en las políticas contra el narcotráfico. Mientras que en algunos distritos la mayoría de los esfuerzos se concentran en detener consumidores, en otros la prioridad son los vendedores y distribuidores de estupefacientes. Esto demuestra respuestas totalmente distintas frente a un mismo problema.

Más allá de los problemas de gestión y de afinidad política, se torna evidente la falta de acuerdo sobre un diagnóstico de la situación y sobre las estrategias para abordar un plan de trabajo sostenible y coordinado en materia de seguridad pública. En gran medida, dicha falta de acuerdos refleja un vacío de conocimientos. No se acuerda no tanto por disensos en las herramientas o en las políticas, sino por una seria carencia en términos de cuál es el abanico de estrategias efectivas en la lucha contra el delito.