YPF en el Parlamento Europeo: debate, posiciones y enseñanzas

Gabriel Puricelli

El Parlamento Europeo debatió el pasado viernes 20 de abril su posicionamiento ante la decisión del gobierno argentino de expropiar acciones de Repsol-YPF y aprobó, con el apoyo de conservadores, liberales, euroescépticos y socialistas, una resolución sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea.

El documento, aprobado por 458 votos a favor, 71 en contra y 16 abstenciones, además de lamentar y condenar la decisión argentina en relación con la expropiación de Repsol, se pronuncia en general contra la adopción por parte de la Argentina de “medidas restrictivas en materia de comercio e inversión” e insta a la Comisión y al Consejo de la UE a establecer medidas de sanción económica “en defensa de los intereses europeos”, incluida la suspensión de ventajas arancelarias concedidas por la UE a los productos argentinos.

Tanto el grupo Verdes/ALE (Alianza Libre Europea) como el grupo de la Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) exigieron respetar la decisión argentina y se pronunciaron en contra de que la UE establezca sanciones comerciales a nuestro país.

En el debate parlamentario se destacó la intervención de la eurodiputada Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), integrado en el grupo Verdes/ALE, quién reivindicó el derecho de los pueblos a ejercer su soberanía y en contra de establecer cualquier tipo de sanciones a Argentina: “Debatimos sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas pero, precisamente en aras de esa seguridad jurídica, nuestras empresas deben cumplir sus compromisos. YPF no cumplió sus acuerdos de inversión pese a obtener un beneficio de U$16.000 millones”, puntualizó Miranda, al tiempo que pidió que la Unión Europea “no obstaculice las negociaciones del acuerdo con Mercosur por un conflicto puntual y aislado”, y señaló que “el gobierno español confunde los intereses de una empresa con los del Estado”. Para la elaboración de su postura, Miranda estuvo en contacto con Proyecto Sur en Argentina, organización que le hizo llegar documentación sobre su posición de apoyo en general a la decisión del gobierno argentino de expropiar las acciones de la transnacional Repsol en YPF.

Por su parte, la presidenta del grupo GUE/NGL, Gabi Zimmer, planteó que “el gobierno argentino tiene el derecho de ejercer su soberanía económica y política”. Zimmer también cargó contra los sectores neoliberales y de derecha que impulsaron la condena a la Argentina: “la UE debe dejar de actuar como lobbista de los intereses de multinacionales como Repsol y enfocarse en defender el interés público tanto de la UE como de las naciones con las que ella tiene acuerdos”. Además de estos puntos, la propuesta de enmienda a la resolución presentada por GUE/NGL expuso la necesidad de que los estados europeos no sólo ejerzan un control más estrecho de las actividades de empresas energéticas como REPSOL, sino que consideren la posibilidad de nacionalizarlas si fuera necesario para garantizar que su funcionamiento redunde en beneficios sociales y públicos y no simplemente empresariales.

En cuanto al socialismo europeo, si bien acompañó la propuesta general de condena a la Argentina y de defensa de la imposición de sanciones, cabe señalar que votó en contra de la suspensión de las ventajas arancelarias impulsada y finalmente aprobada por los grupos conservadores.

La consulta entre la eurodiputada del BNG y Proyecto Sur ilustra la necesidad e importancia, ante decisiones de Estado de repercusión internacional, de ejercer acciones de información y discusión organizadas sobre los ámbitos políticos supranacionales. Allí donde Estado y defensa de lo público no significan simplemente “gobierno” u “oficialismo”, sino que implica a todas las fuerzas políticas que, a partir de una coincidencia general, pueden trabajar para fortalecerla, cada una en línea con sus relaciones, afinidades y posicionamientos políticos. En este caso, Argentina no parece haber desplegado todas las múltiples iniciativas que estaban a su alcance para intentar torcer el pronunciamiento negativo del Parlamento Europeo.

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