La intención del Gobierno de nombrar a la brevedad más de 300 conjueces no es sino una confirmación de la naturaleza pendular de su relación con la justicia.
Por momentos, parece ignorarla, restándole atención e incluso desentendiéndose de sus obligaciones constitucionales, como por ejemplo darle tratamiento veloz a las ternas que le envía el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes judiciales. Durante meses -e incluso años- las ternas aguardan injustificadamente en la Secretaría Legal y Técnica, y repentinamente todo cambia y se elevan decenas de pliegos al mismo tiempo sin mayor explicación.
El manejo del tema de los conjueces ha sido similar. Tras la sanción en 2008 de la ley que regula los mecanismos de designación de jueces subrogantes, pasaron más de cuatro años antes que el Gobierno decidiera cumplir con su obligación de confeccionar las listas de conjueces.
Así, se pasó de una extensa indiferencia a un apuro desmedido. En este caso, el punto de inflexión podría ubicarse primero en las polémicas respecto a las subrogancias en el fuero civil y comercial federal y luego en el fracaso de la llamada “democratización de la justicia”.
¿Qué motiva estos vaivenes?
El Poder Ejecutivo tiende a interesarse en el sistema de justicia cuando éste condiciona o interfiere con sus objetivos y preferencias.
Esta visión –muy difundida en la ciencia política- nos permite entender por qué el oficialismo repentinamente centra su discurso en los jueces y se adoptan medidas que tensan la relación.
Si nos enfocamos en la estética del ejercicio del poder del kirchnerismo, podemos encontrar explicaciones complementarias. Por lo general, ha demostrado poco interés en negociar, en construir acuerdos con la oposición y en generar políticas de largo plazo. En esa línea se inscribe el intento por designar varios centenares de conjueces sin previos consensos ni distribución de espacios con la oposición. Más que un intento de cooptar el Poder Judicial pareciera ser una nueva demostración unilateral de poder y de falta de diálogo institucional.
Los candidatos presidenciales en 2015 deberán tomar nota de esta situación. El sistema de designación de jueces está paralizado y atraviesa su peor crisis desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.
Además, los altísimos niveles de subrogancias hoy atentan contra el correcto funcionamiento del Poder Judicial. Esto sólo es reversible mediante la formulación de una política pública de largo plazo, con metas específicas, apoyada en el trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado.
Sería deseable que los aspirantes a la Presidencia demuestren hoy su compromiso con la calidad institucional sellando por adelantado un gran acuerdo interpartidario por la justicia.
Así, sin importar el resultado electoral, podremos avanzar con las reformas y garantizarles el apoyo político necesario.
Publicada en el diario Clarín, Sección Tribuna de Opinión, 13/5/14.
*PHD en Ciencia Política Universidad de Oxford
