En 2011 por orden del presidente Santos, Colombia disolvió su central de inteligencia y creó una nueva agencia con funciones más acotadas. Esa experiencia podría servir como referencia. Argentina necesita un acuerdo político que reforme sus organismos. El riesgo de no hacerlo es el desplazamiento de la inteligencia desde la SI hacia las fuerzas armadas, tal como pareciera reflejar el veloz ascenso de Milani.
Desde 1983 hasta la fecha, los servicios de inteligencia de nuestro país han sido cuestionados de manera constante debido a su involucramiento en los principales escándalos políticos, crisis y hechos criminales que afectaron a la sociedad argentina. La omnipresencia de la SIDE (hoy Secretaría de Inteligencia) como cómplices o perpetradores de violaciones a los derechos humanos, su controvertido rol en los alzamientos militares de la década de 1980 y en la toma de la Tablada, pasando por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, la convirtió en una suerte de monje negro de nuestra joven democracia. Incluso en la década de 1990 fue vox populi –y luego comprobado judicialmente- el rol de la SIDE en el pago de sobresueldos a funcionarios públicos, periodistas y funcionarios judiciales mediante el uso de fondos reservados, y el desvío de fondos hacia actividades ilícitas.
Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos atribuidos a la Secretaría de Inteligencia (SI), su funcionamiento hoy sigue siendo prácticamente igual que en los primeros años de nuestra transición democrática: procederes opacos, falta de control político, y nula rendición de cuentas. Más aun, en algunos casos se ha agravado. Por ejemplo, son notorios los vínculos entre los servicios de inteligencia y algunos sectores de la justicia federal. Jueces que dependen o colaboran con la SI de manera constante en un entramado que es difícil de desentrañar incluso para expertos. Al mismo tiempo, una de las principales tareas de la SI hoy día pareciera ser el espionaje político interno y la elaboración de las famosas carpetas que tanto atemorizan a políticos, funcionarios y miembros de todos los estamentos del Estado.
¿Cuáles son los factores que han contribuido a este estado de situación? Los procesos de consolidación democrática no son sencillos y enfrentan múltiples desafíos. Uno de ellos se relaciona con la sujeción de las fuerzas militares al poder civil y a la normalización de los servicios de inteligencia. Esto significa que la política logre primar y controlar a las fuerzas de seguridad. En nuestro caso, dichas fuerzas estuvieron gravemente involucradas en las masivas violaciones a los derechos humanos, tal como ocurrió con la Policía Federal, el Servicio Penitenciario Federal, algunas policías provinciales, y, por supuesto, los servicios de inteligencia.
Si bien mucho se avanzó en los desafíos clave del proceso de consolidación democrática, aun existen nichos dentro del Estado cuyas prácticas y estructuras han permanecido prácticamente intactas. Así, la Ley Orgánica de la Policía Federal, por ejemplo, data de 1958 y no ha sido objeto de una reforma integral pese a su probado rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal, con graves antecedentes de violaciones a los derechos humanos, continúa siendo una fuerza militarizada que solo desde hace pocos años posee una conducción civil. Ninguna de ellas fue objeto de reformas significativas ni recomposiciones luego del regreso a la democracia. Algo similar ocurre con la policía de la provincia de Buenos Aires, objeto de reformas y contrarreformas que no lograron sino mantener tanto el involucramiento de algunos sectores de esa fuerza con redes delictivas como marcados patrones de violencia institucional.
La Secretaría de Inteligencia no escapa a este diagnóstico. Hay un continuo en su funcionamiento, en la permanencia de algunos de sus principales operadores, en su opacidad, que pese a los avances democráticos ha permanecido incólume. El control y supervisión, por ejemplo, de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia no pareciera ser efectivo. Distintos intentos de organizaciones de la sociedad civil por obtener información acerca del funcionamiento de esta comisión han sido estériles.
¿Cuáles son las opciones frente a este panorama? Una alternativa posible es la eliminación de la Secretaría de Inteligencia. El antecedente más cercano es el caso de Colombia, que en 2011 por orden del Presidente Santos procedió a la disolución de la DAS, el equivalente a nuestra SI, en medio de un escándalo de espionaje a las principales figuras de la oposición. Santos aprovechó esa crisis, ese momento de debilidad política de la DAS, para disolver dicho organismo de inteligencia. Vio la oportunidad y no la dejó pasar. Algunas de las funciones de la vieja DAS fueron eliminadas, pero la mayoría redistribuidas en la Fiscalía, la Policía Nacional, y los ministerios de Justicia, del Interior y de Relaciones Exteriores. El proceso de disolución llevó dos años y se creó una nueva agencia, la Agencia Nacional de Inteligencia, con funciones más acotadas, dependiente directamente de la Presidencia de la Nación.
La experiencia colombiana podría servir como referencia. En cualquier caso, se torna inexorable concebir un amplio y férreo acuerdo político que le dé sustento a una reforma integral, profunda, que rompa con las estructuras y patrones que han gobernado nuestros organismos de inteligencia desde hace más de tres décadas. Esto ante el riesgo de algo mucho más grave: el incipiente desplazamiento de las labores de inteligencia desde la SI hacia las fuerzas armadas, tal como pareciera reflejar el veloz ascenso del General Milani. Reavivar peligrosas prácticas que impulsan una reactivación de la realización de actividades de inteligencia interna por parte de los militares constituye un preocupante retroceso para un sistema político que, con altibajos, viene avanzando de manera sostenida en su proceso de consolidación democrática. En cualquier caso, persiste la deuda respecto a la reforma de los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad bajo una misma premisa: garantizar el control político de sus actividades en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Este es un tema urgente que no puede permanecer fuera de la agenda política en el corto y mediano plazo.
