¿Más vidas que las siete que dicen que tienen los gatos? Quien se apresta a conocer la respuesta a esa pregunta es un líder que se ha apropiado del mote de “perro” con el que sus enemigos buscaban descalificarlo. El 29 de noviembre los españoles están invitados a dar su veredicto sobre Pedro Sánchez. Luego de algo más de tres años sentado en la silla eléctrica de un gobierno sin mayoría parlamentaria, el presidente socialista decidió gatillar una elección anticipada (la legislatura llegaba a su fin natural en junio próximo) apenas se sintió el impacto en la opinión pública del desalojo de Maricarmen Abascal. La espontánea, masiva e inmediata concentración en la Puerta del Sol madrileña en protesta por la crisis en el acceso a la vivienda que se vive en todas las grandes ciudades de España, fue el disparo de largada de una campaña electoral que será una nueva escenificación de una tensa polarización política.

El tercer gobierno de Pedro Sánchez será pues abreviado como lo fueron los anteriores que encabezó, desde su primera elección en 2018. Como sucedió en las dos ocasiones anteriores, dobla la apuesta para salir de una encerrona aparentemente trágica: cercado por el activismo de los jueces conservadores, con socios a su izquierda que no logran superar sus rencillas de consorcio y roto su acuerdo de conveniencia con el partido de la burguesía independentista catalana, Sánchez elige salir cortando.

La inaccesibilidad de la vivienda, que ha hecho de España un país con tasas ridículamente bajas de emancipación de los jóvenes, es el tema alrededor del cual Sánchez ha decidido que se juegue el resultado de la elección. Si al drama del desalojo de una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en el mismo departamento del Retiro le faltaba una nota más alta, su fallecimiento dos semanas después ha terminado de transformarla en involuntaria causa y bandera.

El PSOE encara esta campaña exhibiendo la economía española como la de mayor crecimiento entre las grandes economías de la zona del euro, pero teniendo también que mostrar la llaga de un síntoma de injusticia social que no ha sabido erradicar en ocho años al frente del gobierno. Con una maniobra de judoca, Sánchez pretende hacer de la elección un referéndum sobre una propuesta de regulación del mercado de los alquileres que espera ponga coto a la financiarización desaforada de la propiedad inmobiliaria.

Frente a esa opción que pondrá todo su empeño en que sea el tema excluyente de la campaña, las derechas españolas y la catalana se han puesto ya en el rincón en el que Sánchez quería ponerlas. El cada vez más radicalizado Partido Popular, los neofranquistas de Vox y Junts per Catalunya rechazaron el decreto mediante el cual el gobierno socialista quería poner coto a las acciones especulativas que conducen cotidianamente a desalojos y dejaron servido el argumento para disolver las Cortes Generales. Con la disolución, Sánchez no sólo fuerza a sus contrincantes a jugar de visitantes, sino que se ya se aseguró el atajo institucional para reponer la vigencia del decreto, haciéndolo ratificar por la diputación permanente, la comisión reducida de diputados que tramita asuntos legales hasta que se hayan elegido una nuevas Cortes.

Antes del adelanto electoral, el gobierno de Sánchez venía flaqueando ante la estrategia de acoso y derribo que el Partido Popular y Vox pusieron en marcha desde el momento mismo de una investidura que nunca aceptaron como legítima. Derecha tradicional y ultraderecha aplicaron, con sus particulares modos y herramientas, un libreto que, en sus versiones extremas, llevó a la toma del Capitolio en Estados Unidos y al saqueo de las sedes de los tres poderes en Brasil.

En España, el PP no cuestionó el resultado de las elecciones, sino la decisión de las Cortes Generales de investir como presidente del gobierno a Pedro Sánchez, invocando su condición de partido con más bancas. Impertérrito ante la regla que define a los parlamentarismos (gobierna quien consigue el apoyo de una mayoría de legisladores), Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, paseó su irredentismo por las sesiones de las Cortes, como si hubiera sido despojado de algo a lo que tenía derecho. Azuzado desde los márgenes de su propio partido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (quien no oculta su pretensión de despojarlo, ella sí, de la jefatura del PP), Núñez Feijóo se libró a una estrategia de deslegitimación que incluyó fake news y la agitación permanente del fantasma de la difunta guerrilla urbana de ETA.

Por su parte, Vox invirtió ingentes recursos en presentar demandas frívolas en tribunales de toda España, activando el botón nuclear del franquismo remanente: jueces en todos los niveles dispuestos a abrir causas que hubieran sido rechazadas in limine en cualquier país donde esté vigente el principio de imparcialidad del poder judicial. Así, consiguieron arruinar la carrera profesional del hermano director de orquesta de Pedro Sánchez, forzar a la mujer de éste, Begoña Gómez a (por ahora) peregrinar por tribunales y, en fin, a hacer creíble la amenaza de que cualquier progresista puede terminar deshonrado o preso por su condición de tal.

La credibilidad de esas acciones persecutorias se hubiera derrumbado si actos de corrupción de algunos dirigentes del PSOE no le hubieran regalado verosimilitud. La bala que picó más cerca de Sánchez fue la de José Luis Ábalos, quien fuera ministro en sus dos primeros gobiernos, condenado tres meses atrás por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

La falta de preparación de las fuerzas de seguridad españolas para hacer frente a la llegada a nado de decenas de miles de jóvenes a Ceuta pareció ser el telón final del gobierno de Sánchez. Puesto a la defensiva por una derecha que movilizó la calle en toda España como reacción a lo que se apresuraron a llamar “invasión”, el gobierno socialista quedaba desguarnecido en el flanco de la inmigración, por el que las derechas habían atacado perseverantemente. La cuestión no salió de la agenda, a pesar del rápido trámite que devolvió al 90% de los ingresados a Marruecos en cuestión de horas. Como clavo que saca otro clavo, fue solo la eclosión del caso Maricarmen la que cambió el eje de la conversación pública.

Como en todas las elecciones anteriores, Pedro Sánchez entra al juego de punto. Las derechas, desde las trincheras de los medios alimentados con pauta publicitaria de Ayuso y desde los estrados de un poder judicial que no se sonroja por su parcialidad, llevan las de ganar, pero aparecen en falsa escuadra. A la izquierda del PSOE, las cosas oscilan entre el narcisismo de las pequeñas diferencias y el llamado del “¡No pasarán!”. No viene de ese campo la vitalidad que trajo el nacimiento de Podemos como eco del movimiento de los indignados de 2011, a pesar de que el campamento de protesta en Puerta del Sol tiene un parecido de familia inocultable. Sin embargo, las voces que demandan un frente amplio y la predisposición, que parece abrirse paso, de pactos de colaboración y desistimiento para no dividir el voto y maximizar la ganancia de bancas parlamentarias, tal vez puedan aportar los “cinco para el peso” que frustren in extremis una victoria que las derechas creían tener entre las manos.