Enero suele ser un mes tranquilo y eso nos permite reflexionar. Tiende a ser un buen momento, por ejemplo, para escribir sobre el panorama judicial. ¿Qué nos depara en 2015 en el ámbito de la Justicia? Hasta la muerte del fiscal Nisman, esta hubiera sido una columna intensa. Luego de ella, sus predicciones se tornan inciertas.

Resulta difícil predecir qué ocurrirá con el caso Nisman ni cuál será su impacto sobre la Justicia Federal. Sólo hay algunas pocas certezas: la procuradora general de la Nación deberá designar un reemplazante para Nisman. Se rumorea que podría ampliarse el número de fiscales que integran la Fiscalía Especial para el caso AMIA y dividir los roles dentro de ella. Desde mi óptica, la procuradora debería mantener un proceso de diálogo con representantes del Gobierno, familiares de víctimas y la oposición para, como mínimo, compartir información sobre sus planes al respecto, y, como máximo, generar consensos sobre el futuro de la Fiscalía para asegurar la sostenibilidad de su trabajo –y el apoyo de todos los sectores políticos– luego de las elecciones presidenciales de 2015.

Hasta el episodio de Nisman, la verdadera papa caliente de la agenda judicial era la designación del reemplazante de Eugenio Zaffaroni. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una vacante y según el decreto 222/03 la Presidenta Fernández de Kirchner debería postular un/a candidato/a antes del 1° de febrero. Dado que dicho decreto fue obra de su esposo, todo hacía prever que respetaría el plazo de treinta días que impone dicha norma. Ahora que el Gobierno está concentrado en el caso Nisman y en la reforma del sistema de inteligencia nacional, no se pueden aventurar pronósticos.

Sin embargo, en cualquier caso la designación del nuevo integrante de la Corte Suprema hubiera sido complicada. Cabe recordar que la oposición hizo un pronunciamiento en el cual veintisiete senadores firmaron un compromiso de no tratar ninguna postulación de la presidenta Fernández de Kirchner. En otras palabras, senadores de la oposición juntaron suficientes firmas como para bloquear una designación. Esto siempre y cuando el Gobierno no logre negociar unilateralmente con alguno de los partidos minoritarios y romper así el bloque opositor.

En este contexto, la jugada del diputado Carlos Raimundi, quien pidió evaluar la idoneidad psicofísica del ministro Carlos Fayt, apunta no sólo a plantear el debate sobre si está en condiciones de ejercer el cargo dada su avanzada edad, si no que alienta la idea de generar una nueva vacante. De concretarse, eso mejoraría notoriamente la posición negociadora del Frente para la Victoria, ya que podría repartir las vacantes, por ejemplo, con la Unión Cívica Radical.

Sin embargo, aún resta ver si la amenaza se concreta en la práctica si el/la nominado/a reúne las condiciones necesarias en términos de idoneidad, experiencia e independencia. Por ejemplo, ¿cómo rechazar la postulación de alguien del perfil de Mónica Pinto, Julio Maier, Ricardo Gil Lavedra o León Arslanián? Los dos últimos, es cierto, encajan más en la lógica de “reparto partidario” por su notoria participación política en la UCR y el PJ, respectivamente. Pero además de su indiscutida idoneidad, pertenecen a un selecto grupo de héroes (para mí son verdaderos héroes que no han gozado del ade-cuado reconocimiento) que tuvo la valentía de enjuiciar a los integrantes de las juntas militares cuando gran parte de la sociedad, de los medios de comunicación, de la comunidad política y del empresariado no apoyaba ese curso de acción. Su mérito, entonces, no deriva de su actuación partidaria, judicial y en el Gobierno sino de rol en el proceso de consolidación democrática.

Otro frente no menor en materia judicial es la reforma procesal penal. Aprobada sin consenso político interpartidario, su implementación resultará sumamente compleja. En los hechos, ya se ha judicializado la decisión de Gils Carbó de designar dieciocho fiscales generales. La oposición logró durante la feria judicial frenar la asunción de los mismos. Este no es sino el comienzo de una disputa de largo aliento que tiene eje en una marcada desconfianza de la oposición en la independencia de la procuradora General de la Nación, que sospecha que las nuevas designaciones sólo buscan proteger a los funcionarios del Gobierno de posibles investigaciones por corrupción. Más allá de la evaluación que cada uno tenga sobre la labor de Gils Carbó, es notoria su falta de lazos con la oposición. Además, tras el anuncio de la reforma al sistema de inteligencia nacional y la disolución de la ex SIDE, el Gobierno pretende que las escuchas judiciales pasen a estar dentro de la órbita de la procuración, algo que seguramente generará preocupación en la oposición.

Por último, este año el Consejo de la Magistratura será foco de otra batalla entre Gobierno, oposición y un sector de la justicia nacional y federal. Para empezar, las impugnaciones contra la designación de un secretario como juez subrogante en el Juzgado Federal 1 de La Plata es síntoma del nivel de conflictividad en dicho organismo. Dado que tiene competencia electoral, dicho juzgado es uno de los más importantes del país. Desde allí se organizan las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se resuelven disputas sobre inscripción de frentes y alianzas, se monitorea el acto comicial y se controla el escrutinio. Para la oposición, y quien suscribe, la designación de secretarios como jueces subrogantes es contraria a la ley e inconstitucional, tal como lo ha señalado la Corte Suprema en los fallos Rosza (2008) y Asociación de Magistrados (2012). Por otra parte, el Consejo de la Magistratura ha sido objeto de serias denuncias por desmanejos económicos y una administración deficiente de los recursos del Poder Judicial. Algunas de ellas podrían prosperar este año, generando otro frente de conflicto en el Poder Judicial.

En conclusión, el panorama judicial para 2015 es interesante y no faltan temas que seguramente tendrán exposición en los medios y en el debate político. El impacto del factor Nisman resulta impredecible, sumado ahora a la disolución de la ex SIDE, y ambos pueden tener mucha influencia en la definición de la agenda judicial.