Estamos llegando al cierre de 12 años intensos de gestión de un gobierno peronista a nivel nacional, acompañado por una amplia mayoría de gestiones provinciales del mismo color político. En ese período se produjeron importantes cambios en materia económica, social y política (dando marcha atrás incluso con muchas de las cosas que había hecho otro gobierno peronista que llegó a estar en el poder por 10 años). Sin embargo, el núcleo estructural de la desigualdad parece no haberse alterado demasiado.
No pretendo meterme aquí en una discusión compleja, repleta de matices, muy dificultada por la falta de datos confiables que impiden saber a ciencia cierta cómo estamos realmente. Aun con la mejor opinión sobre lo hecho en estos años al respecto, se reconoce que la desigualdad sigue siendo el principal problema social y político de nuestro país.
En mi opinión eso se debe al enfoque conservador sobre las políticas públicas de redistribución del ingreso que se deben implementar para revertir la situación.
Hay una creencia muy arraigada (entre oficialistas y opositores) de que el trabajo (al que algunos le agregan el calificativo de “decente” como una forma de señalar que están hablando de trabajo formal y sin explotación) es el medio para que los ciudadanos accedan al goce de sus derechos sociales, revertiendo así las condiciones de desigualdad.
Este enfoque pudo haber sido válido durante el estado de bienestar. Ahora resulta insuficiente. La mejor demostración de ello es la implementación de la Asignación Universal por Hijo, que justamente transfiere dinero a los sectores más vulnerables sin la contraprestación del trabajo.
Incluso, a nuestro entender, la AUH, aun con todo lo positivo que conlleva para contener el drama social diario que viven millones de ciudadanos, es la pata progre de esta visión conservadora. Como señala Javier Auyero en esta entrevista, “no es redistribución. Es lo contrario. Es la focalización máxima para gastar lo mínimo. La AUH y los programas de transferencia condicional de ingresos son programas neoliberales (…) El objetivo es gastar lo mínimo en cuestiones sociales. Porque vos le das plata a los más necesitados para que gasten, eso está fenómeno. Pero resulta que van a escuelas que no funcionan y a hospitales que no curan y toman agua contaminada y juegan en un suelo que también está contaminado ¿Van a salir de la pobreza? Estos planes son la estrategia social de los estados mínimos”.
Que se entienda. No es que esté mal. El problema es el enfoque. Necesitamos enfocar las cosas de otra manera si queremos superar los limites que evidencian los resultados conseguidos en estos 12 años. Necesitamos incorporar el enfoque de derechos.
Según Laura Pautassi, el enfoque de derechos considera el amplio conjunto de principios, reglas y estándares que integran derechos humanos fundamentales plasmados en las constituciones nacionales y en los diferentes tratados y pactos internacionales de derechos humanos (y las consecuentes sentencias, informes de relatorías, observaciones etc., que realizan los organismos creados al efecto), que deben ser aplicados para establecer pautas y criterios para el diseño e implementación de estrategias de desarrollo sustentable, particularmente en materia de políticas sociales.
Las pautas que surgen de estos instrumentos se traducen en estándares jurídicos que interpretan cómo los Estados deben garantizar el cumplimiento mínimo de los derechos, la prohibición a los Estados a aplicar políticas y medidas regresivas, la obligación a aplicar políticas progresivas, el deber de garantizar la participación ciudadana, el principio de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia y acceso a la información pública.
Una dimensión en la que se ve muy claramente los límites del enfoque actual y la potencialidad del nuevo enfoque es la del hogar familiar y las dificultades que enfrentamos los padres para organizar su vida cotidiana y, al mismo tiempo, trabajar. Dificultades que aún son mayores para la mujer, y se acrecienta exponencialmente para la madre cabeza de hogar.
Digamos que aquí comienza todo, la matriz de desigualdad anida en los hogares.
Para revertir la situación, el enfoque de derechos ha desarrollado la noción de la “organización social del cuidado”, a partir de la cual “las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias, inter-relacionadamente, producen y distribuyen cuidado”. Esta definición surge del Informe “La organización social del cuidado de niños y niñas. Elementos para la construcción de una agenda de cuidados en Argentina”, elaborado por ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), Ciepp (Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas) y ADC (Asociación por los Derechos Civiles), sobre el cual nos explayaremos la próxima semana.
