“Acuerdo por el Acceso a la Justicia” – Una agenda de reformas para la efectividad de los derechos
El “Acuerdo por el Acceso a la Justicia” es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y referentes de grupos desaventajados, que tiene por objetivo promover una agenda integral de reformas para garantizar un acceso igualitario a la justicia y hacer efectivos los derechos de la población, especialmente de aquellos grupos y/o colectivos en situación de vulnerabilidad o sobre los que debe existir un fuerte interés estatal en su protección, en virtud de las particulares características de los sectores afectados-.
Nuestro país se encuentra lejos aún de alcanzar estándares adecuados de acceso a la justicia para toda la ciudadanía, y este problema se acentúa en los sectores desaventajados de la sociedad, que enfrentan serias violaciones de sus derechos fundamentales. Para ellos, el Poder Judicial y las oficinas públicas resultan muchas veces inaccesibles, se encuentran lejanas territorialmente y les implican costos que restringen el inicio o el sostenimiento de un proceso. A su vez, no está garantizada la asistencia legal en todas las instancias y fueros, y los dispositivos existentes no siempre responden a las necesidades jurídicas y demandas de la ciudadanía. Paralelamente, gran parte de la población desconoce sus derechos y los mecanismos disponibles para la resolución de conflictos, lo cual se agudiza por la baja existencia de mecanismos de participación política y social respecto del diseño de las políticas públicas en materia de acceso a la justicia que deben implementar los distintos poderes del Estado, así como por la debilidad institucional actual de figuras como la del Defensor del Pueblo.
En este contexto, durante los últimos años se han creado diversos dispositivos territoriales estatales de acceso a la justicia que buscan extender los servicios de asistencia legal y mejorar la situación del acceso a justicia de la población más desaventajada, así como se han iniciado esfuerzos de articulación interinstitucional en donde la concentración de la oferta de este tipo de servicios es mayor. Por otro lado, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció en medios masivos de comunicación un eventual plan para la “transformación” de los poderes judiciales. Ello resulta a su vez complementario respecto del proceso de discusión de reformas iniciado a partir del “Plan de Justicia 2020”, el cual también se propone como un espacio de diálogo institucional y ciudadano. A su vez, en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS) que promueve Naciones Unidas (ONU), en el año 2019 Argentina deberá informar puntualmente los avances en relación con el acceso a la justicia (ODS 16). Asimismo, existe un amplio consenso a nivel nacional en torno a la adopción de los estándares mínimos establecidos en las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.
Este contexto brinda una oportunidad de discusión profunda sobre las reformas que nuestro país aún necesita en la materia. Así, un plan integral que coordine, integre y unifique las acciones, programas, planes y estrategias de los distintos poderes del Estado, así como incorpore la multiplicidad de reformas que nuestro sistema requiere, resulta una necesidad fundamental de nuestra agenda de políticas públicas de acceso a la justicia.
La coordinación de políticas interinstitucionales evitaría la existencia de zonas vulnerables que, por exceso (superposiciones o fragmentación o segmentación) o defecto (zonas silenciadas o sin ningún tipo de respuesta institucional), no obtienen una respuesta jurisdiccional acorde a las necesidades jurídicas. A su vez, las dificultades para la producción de información sobre la gestión de gran parte de las instituciones responsables en la temática, y la complejidad de los trámites y procedimientos administrativos y judiciales que deben enfrentar sus usuarias/os, hace que sea necesario iniciar procesos de profundas reformas en la materia.
Las presentes propuestas para el acceso a la justicia no fueron pensadas sólo para el Poder Judicial, ni apuntan exclusivamente a generar cambios en el diseño del sistema desde una perspectiva institucional o “desde arriba”. Se trata, en cambio, de una propuesta centrada en las comunidades y personas que sufren las violaciones a sus derechos y la falta de instancias adecuadas para resolver sus necesidades jurídicas. Su implementación necesita de una fuerte articulación intersectorial y una contundente voluntad política por parte de los distintos poderes del Estado, pero también requiere de su más amplia apropiación por parte de la ciudadanía, que debe poder conocer, usar y transformar el derecho.
Las propuestas recogen diagnósticos e ideas surgidas en diferentes instancias de discusión y participación que se dieron durante los últimos años. En particular, desde el año 2017 hasta la actualidad se realizaron una serie de encuentros, jornadas y reuniones con múltiples actores estatales -con mandato en el acceso a la justicia- y no estatales -pertenecientes a distintas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones territoriales o de base, académicos, referentes comunitarios y personas de los distintos grupos vulnerabilizados-. En efecto, en mayo de 2017 se realizó la “Semana por el Acceso a la Justicia”, que incluyó una serie de encuentros temáticos que funcionaron como instancias de discusión y diagnóstico sobre las principales problemáticas vinculadas al acceso a la justicia en el país, y permitieron identificar los obstáculos que impactan en el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales (DESCA). Durante los últimos meses se continuó con el formato de mesas de debate sobre distintas temáticas relativas al acceso a la justicia en distintas provincias del país.
Paralelamente, en junio de 2017 se suscribió la “Declaración de Villa Inflamable por el Acceso a la justicia y el empoderamiento legal” donde se materializaron los principios y compromisos que vinculan a 23 organizaciones de la región, exhortando al Estado, al sector privado y a la comunidad internacional a implementar acciones concretas para revertir los actuales obstáculos que enfrentan las comunidades más desaventajadas para acceder a la justicia.
La versión final de este “Acuerdo por el Acceso a la Justicia” se logró luego de diversas de instancias participativas e iterativas que enriquecieron significativamente el documento, e incluyeron una amplia discusión con organizaciones de la sociedad civil de distintas provincias, especialistas, referentes e integrantes de comunidades y grupos desaventajados, funcionarias/os públicos y la población en general.
Este documento busca ser un aporte concreto para que estos debates puedan traducirse en propuestas concretas e integrales de política pública, que puedan ser implementadas por las/os decisores/as de los diversos poderes del Estado -tanto a nivel nacional como subnacional-, y desencadenar procesos de reformas que tiendan a revertir los principales déficit en el acceso a la justicia en materia de conflictividad no penal en nuestro país. Ello podría materializarse tanto por medio de la elaboración de una ley nacional sobre acceso a la justicia -que a su vez promueva una amplia adhesión de las jurisdicciones provinciales-, así como a través de reformas graduales específicas -tanto en las leyes como en el diseño de las políticas-.
