En su última entrada en el blog Contrapuntos, Pablo Gentili (el verdadero doctor de la familia) realiza una exhaustiva radiografía de la desigualdad de género en el mercado de trabajo global y en los sistemas políticos latinoamericanos, que complementa muy bien lo que marcábamos la semana pasada en cuanto a la necesidad de producir un cambio de enfoque en las políticas implementadas por los gobiernos para revertir las persistentes condiciones de desigualdad en las que se desarrolla la vida en las sociedades actuales.
Ese cambio de enfoque implica “poner en el centro de la preocupación de la política pública la sostenibilidad de la vida. Actuar en un sentido positivo en este terreno permitirá ampliar las posibilidades de las personas de elegir la vida que desean vivir y conformar sociedades sostenibles en términos vitales” (del Informe “La organización social del cuidado de niños y niñas”, ADC, Ciepp, ELA, al que citaremos aquí como “el Informe”).
La sostenibilidad de la vida requiere poder conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y es aquí donde cobra importancia la organización social del cuidado (OSC), o sea cómo se distribuyen en una sociedad las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas.
Según el Informe, “la evidencia existente demuestra que la OSC, en su conformación actual en América Latina en general y en Argentina en particular, es injusta porque las responsabilidades de cuidado se encuentran desigualmente distribuidas en dos niveles distintos. Por un lado, hay una desigual distribución de las responsabilidades de cuidado entre hogares, Estado, mercado y organizaciones comunitarias. Por otro lado, la desigualdad en la distribución de responsabilidades se verifica también entre varones y mujeres. La evidencia muestra que el trabajo de cuidado es asumido mayormente por los hogares y, dentro de los hogares, por las mujeres. Esto deviene de la concurrencia simultánea de una serie diversa de factores: la división sexual del trabajo; la naturalización de la capacidad de las mujeres para cuidar; los recorridos históricos de los regímenes de bienestar y las experiencias socio-económicamente estratificadas”.
Esta situación impacta de manera diversa entre los diferentes hogares –y dentro de ellos en las mujeres-, según su condición social, siendo las más afectadas las mujeres pobres y de los sectores medios bajos que cuentan con menos recursos para derivar responsabilidades de cuidado, en un contexto de muy débil participación estatal.
Es interesante resaltar que, como señala el Informe, la situación no varia demasiado según el signo político que esté al frente de cada gobierno. Ellos analizaron el panorama general a nivel nacional y con más detalle los casos de la Ciudad de Buenos Aires, los municipios de San Martín y Morón en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Resistencia en la provincia del Chaco y la Ciudad de San Salvador de Jujuy en la provincia homónima. En todos los casos, “los avances en materia de incorporación normativa contrastan con las características de las acciones emprendidas en la práctica. Éstas se reducen a programas de cuidado, con mayor o menor amplitud en las prestaciones, pero siguiendo lógicas similares a nivel nacional como provincial, sin haberse logrado traspasar los límites de funcionamiento estanco, es decir, sin intervenciones globales conjuntas con salud, educación, garantías en torno al derecho a la alimentación e infraestructura adecuada”.
En la Ciudad de Buenos Aires, por caso, que tiene mayor cobertura que el resto de las jurisdicciones analizadas, la oferta estatal se concentra en las zonas geográficas con mayor vulnerabilidad socioeconómica –la zona sur- lo que evidencia su perfil asistencial, focalizado y no universalista. ¡Como si no fuera obligación del Estado en atender estas necesidades en otros sectores sociales, incluso pobres!
Este abordaje transversal que propone el Informe es fundamental para lograr resultados diferentes y mejores. Pero para eso debemos desnaturalizar la idea de que el cuidado es cosa de mujeres y está reservado al ámbito privado, donde el Estado no tiene nada que hacer. En definitiva, necesitamos que el cuidado sea abordado como un derecho humano universal, indivisible e interdependiente de otros derechos.
