La ley que surja del Congreso deberá adecuarse a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tanto como a los estándares de la Organización de los Estados Americanos, que reconoce la naturaleza de derecho fundamental al derecho de acceso a la información pública.

Sin embargo, tener una buena ley es solo la mitad de la batalla; por ello, es fundamental que la ley prevea la creación de un órgano garante que asegure la efectiva aplicación de esta futura ley de acceso a la información. Esta constituye hoy el principal desafío para nuestros legisladores. Este estudio, realizado de manera colaborativa entre el LPP y CIPPEC, promueve que este órgano garante se ajuste a las características previstas por la ley modelo de la OEA, es decir una institución con personalidad jurídica propia, autonomía operativa y que cuente con un presupuesto aprobado por el Poder Legislativo  (la ley modelo se refiere a una “Comisión de la Información”).