La reforma de la normativa migratoria en los EE UU será sin dudas uno de los legados más destacados de sus ocho años de gestión, una vez que Barack Obama se haya convertido, de manera vitalicia, en un ciudadano de a pie. Contrariamente a su otro gran logro, la reforma del seguro de salud, muchos republicanos (que controlan la Cámara de Representantes) se han ido decantando por una posición favorable a la del presidente demócrata y acompañarán su iniciativa.
Mientras en el caso del “Obamacare” los republicanos dieron batalla en un plano casi exclusivamente ideológico, apelando con bastante éxito al pozo inagotable del individualismo estadounidense, en el caso de la reforma inmigratoria, la necesidad electoral muestra su cara de hereje, inclinando a parte de los republicanos hacia la aceptación de un cambio al cual parte de la base del partido se opone furiosamente.
Los republicanos favorables a la reforma no aparecieron simplemente luego de la derrota de su partido en las útimas elecciones presidenciales, sino que ya estaban allí, entre los líderes de algunos estados donde la primera minoría no son los blancos de ascendencia nor–europea. Dos particularmente relevantes, el ex–gobernador californiano Arnold Schwarzenegger y el senador y ex-candidato a la Casa Blanca John McCain, senador por Arizona, fueron favorables a la regularización de la situación de los inmigrantes ilegales desde mucho antes de la reelección de Obama. McCain, en particular, batalló en minoría dentro de su propio partido desde antes de ser candidato presidencial en 2008.
Como todo hecho ilegal, la inmigración clandestina en los EE UU es imposible de estimar con precisión, pero la Oficina del Censo considera que hay no menos de 11 millones de personas en esa situación, mientras que el banco de inversión Bear Stearns sostiene que podría haber hasta el doble, basándose en los datos de las remesas enviadas al exterior (en 2005, las enviadas a México superaron los 20.000 millones de dólares). La amplitud del fenómeno no sólo hace imposible su erradicación, sino que es indicativa de la importancia que tiene para la economía estadounidense (y para las de los países que reciben remesas). La inmigración ilegal está compuesta en proporción abrumadoramente mayoritaria por emigrantes latinoamericanos, que se integran en las redes bien establecidas de residentes legales de ese origen. El 16,3% de los estadounidenses (más de 50 millones) se autodefinen “hispánicos” o “latinos” a la hora de responder a los censistas. Entre 2000 y 2010, este grupo ha más que cadruplicado el crecimiento demográfico promedio del total de la población, creciendo nueve veces más rápido que el sector no hispánico/latino.
Mientras los republicanos no quieren perder la carrera contra la demografía, la economía necesita incorporar a su circuito financiero a millones de potenciales tomadores de hipotecas y titulares de nuevas tarjetas de crédito. Una conjunción poderosa para hacer posible la otra reforma por la que Obama quiere ser recordado.
Publicado en Tiempo Argentino,6 de Julio de 2013
