Las tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han escalado alcanzado así un nuevo nivel. Ya no se trata de reclamos por “democratizar” la justicia ni por lograr mayor rapidez en la resolución de algunos casos que impedían la implementación de las prioridades políticas del Gobierno, como la Ley de Medios. Ahora, la tensión pasó a ser una pelea frontal, cara a cara, sin imposturas ni ambivalencias. El objetivo, también ahora, es otro, uno de mayor envergadura institucional.
El Gobierno ha enfocado todos sus cañones contra el máximo tribunal de la Nación y sus cartas están sobre la mesa. Así, ha concebido distintas posibles vías para lograr debilitar a la Corte y colocar allí a jueces afines a sus políticas.
¿Cuáles son los motivos detrás de esta embestida? El primero y más importante es la necesidad del Gobierno de blindar a Cristina Fernández de Kirchner y a su círculo más íntimo frente a las múltiples investigaciones judiciales. En vísperas de su salida del poder, pretenden asegurar tranquilidad judicial para el núcleo duro del Gobierno que dejará la Casa Rosada en diciembre de 2015.
El segundo motivo es alcanzar una meta fijada tiempo atrás bajo la modalidad de una carrera de largo aliento. Desde hace varios años, el Poder Ejecutivo ha emprendido una suerte de guerra contra el Poder Judicial, impulsando cambios y reformas que no tienen otro objetivo que debilitar a un sector que, claramente, identifica como opositor a sus políticas.
En este contexto se promovieron proyectos como la fallida democratización de la justicia, iniciativa que no tuvo impacto alguno (al menos por ahora).
Esta semana, la reelección anticipada de Ricardo Lorenzetti como Presidente de la Corte Suprema, con el condimento adicional de la controversia sobre la firma de Carlos Fayt, sirvió de excusa perfecta para relanzar –de manera abierta- la cruzada contra los integrantes del tribunal.
En términos de propósitos, el objetivo central del Gobierno ya no es conservar su influencia en la Corte Suprema sino aumentarla. Tras la salida de Eugenio Zaffaroni, el juez más afín ideológicamente con el Poder Ejecutivo nacional, el Gobierno postuló a Roberto Carlés, pero su pliego no fue aún sometido a votación en el recinto por no contar el oficialismo con los votos necesarios para garantizar su aprobación.
Ante este panorama adverso, se pergeñó la estrategia de generar otras vacantes en la Corte Suprema, bien a través de la renuncia de Fayt – a quien le cuestionan su condiciones psicofísicas- o por intermedio de una reforma que amplíe a siete o nueve el número de integrantes del Tribunal. En cualquiera de los dos casos, el Gobierno tendría mayor margen de maniobra para negociar el reparto de las vacantes con algún sector de la oposición (léase la Unión Cívica Radical o el Peronismo Federal).
Los ataques públicos a Fayt -en torno a su salud- y a Lorenzetti –por su reelección anticipada- buscan generar un desgaste en la Corte. Pero ésta no se ha mantenido pasiva, tal como lo demuestra la reciente declaración de inconstitucionalidad de la lista de conjueces integrada mayormente por abogados cercanos al oficialismo. Esta decisión no tendría otro objetivo que bloquear la ampliación del tribunal.
La viabilidad de lograr la salida forzada de Fayt no parece ser un objetivo realizable para el Gobierno ya que está muy lejos de los votos en cada cámara del Congreso para lograr un juicio político exitoso: en Diputados se requieren dos tercios de los presentes para aprobar la acusación y en el Senado idéntica proporción para destituir a un juez de la Corte Suprema.
En cualquier caso, resulta evidente que el Gobierno y la Corte Suprema se han embarcado en una suerte de “juego de la gallina”. Así se conoce en Ciencia Política a las situaciones en que dos actores se enfrentan en una lógica de suma cero esperando ver quien es la “gallina” que dobla primero para evitar el choque. Al igual que en las viejas películas norteamericanas donde dos autos conducidos por adolescentes comenzaban a desplazarse a toda velocidad por un mismo camino pero en sentido contrario y en curso de colisión.
Ante los rumores de ampliación, la Corte declaró inconstitucional las listas de conjueces. Ahora el Gobierno va por la salida del juez Fayt, por el desprestigio de Lorenzetti, y por la erosión de la credibilidad del tribunal con el objetivo de lograr el aumento de los integrantes del tribunal.
Así las cosas, gane quien gane, con certeza habrá un claro perdedor: la sociedad argentina. Todo esto no hace sino deteriorar la calidad de nuestras instituciones políticas.
Por otra parte, si prospera la iniciativa del oficialismo de ampliar la Corte Suprema, el Gobierno habrá consumado el mayor acto de canibalismo político jamás visto desde el regreso a la democracia. Mediante la desarticulación del andamiaje que llevó a la recuperación institucional del máximo Tribunal de la nación y que ha sido un logro indiscutido de este gobierno, el kirchnerismo se estaría devorando a su propia creación. Sin embargo, pareciera que contar con una Corte Suprema respetada e independiente ya no es valioso ni funcional a los intereses y necesidades políticas del Gobierno.
Publicado en sudamericahoy.com el 08/05/2015
